Reforma Código Civil y Comercial 2012

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Anteproyecto 2012

Sobre la unión varón mujer

 

LIBRO SEGUNDO

DE LAS RELACIONES DE FAMILIA

TÍTULO I

Matrimonio

CAPÍTULO 1
Principios de libertad y de igualdad
ARTICULO 401.- Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de futuro. No
hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para
reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la
aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa, o de la restitución de las
donaciones, si así correspondiera.
ARTÍCULO 402.- Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma
puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o
suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio,
y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o
igual sexo.

CAPÍTULO 2
De los requisitos del matrimonio
ARTÍCULO 403.- Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes
para contraer matrimonio:
a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen
del vínculo;
b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el
origen del vínculo;
c) la afinidad en línea recta en todos los grados;
d) el matrimonio anterior, mientras subsista;
e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso
de uno de los cónyuges;
f) tener menos de DIECIOCHO (18) años;
g) la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener
discernimiento para el acto matrimonial.
ARTÍCULO 404.- Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supuesto del
inciso f) del artículo anterior, puede contraerse matrimonio válido, previa dispensa
judicial.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes
y con sus representantes legales.
La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez
alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las
consecuencias jurídicas del acto matrimonial; también debe evaluar la opinión de
los representantes, si la hubiesen expresado.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la
persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los recaudos
previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las cuentas de la administración.
Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le
corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 129 inciso d).
ARTÍCULO 405.- Falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del
inciso g) del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial.
La decisión judicial requiere dictamen previo de los equipos de salud sobre
la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud
para la vida de relación por parte de la persona afectada.
El juez debe mantener entrevista personal con los futuros contrayentes, sus
representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente.
ARTÍCULO 406.- Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia
del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes
expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para
celebrarlo, excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a distancia.
El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
ARTÍCULO 407.- Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La
existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta del
nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno
de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquellos ejercieran sus
funciones públicamente.
ARTÍCULO 408.-Consentimiento puro y simple. El consentimiento matrimonial
no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se
tiene por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio.
ARTÍCULO 409.- Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento:
a) la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente;
b) el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba
que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese
estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía.
El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las
circunstancias personales de quien lo alega.

CAPÍTULO 3
De la oposición a la celebración del matrimonio
ARTÍCULO 410.- Oposición a la celebración del matrimonio. Sólo pueden
alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley.
La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos
impedimentos debe ser rechazada sin más trámite.
ARTÍCULO 411.- Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición
a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete:
a) al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio;
b) a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros
esposos, cualquiera sea el origen del vínculo;
c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de
esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier persona
realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 412.- Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede
denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo
403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del matrimonio
por ante el Ministerio Público, para que deduzca la correspondiente oposición, si lo
considera procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en los
artículos 413 y 414.
ARTÍCULO 413.- Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta
al oficial público del Registro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por
escrito con expresión de:
a) nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente;
b) vínculo que une al oponente con alguno de los futuros contrayentes;
c) impedimento en que se funda la oposición;
d) documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si
la tiene; si no la tiene, el lugar donde está, y cualquier otra información útil.
Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe
levantar acta circunstanciada, que firma con el oponente o con quien firme a su
ruego, si aquél no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe
transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.
ARTÍCULO 414.- Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial
público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la
existencia del impedimento legal, el oficial público lo hace constar en acta y no
celebra el matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen, deben expresarlo ante
el oficial público dentro de los TRES (3) días siguientes al de la notificación; éste
levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con
los documentos presentados y suspende la celebración del matrimonio.
El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento
más breve que prevea la ley local. Recibida la oposición, da vista por TRES (3)
días al Ministerio Público. Resuelta la cuestión, el juez remite copia de la sentencia
al oficial público.
ARTÍCULO 415.- Cumplimiento de la sentencia. Recibido el testimonio de la
sentencia firme que desestima la oposición, el oficial público procede a celebrar el
matrimonio.
Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matrimonio no puede
celebrarse.
En ambos casos, el oficial público debe anotar la parte dispositiva de la sentencia
al margen del acta respectiva.

CAPÍTULO 4
De la celebración del matrimonio

SECCIÓN 1ª

Modalidad ordinaria de celebración

ARTÍCULO 416.-Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben
presentar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos,
una solicitud que debe contener:
a) nombres y apellidos y número de documento de identidad, si lo tienen;
b) edad;
c) nacionalidad, su domicilio y el lugar de su nacimiento;
d) profesión;
e) nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de sus documentos
de identidad si los conocen, profesión y domicilio;
f) la declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso
afirmativo, el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del
matrimonio y causa de su disolución, acompañando certificado de defunción o
copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o
disuelto el matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge
anterior, según el caso.
Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial público debe
levantar acta que contenga las mismas enunciaciones.
ARTÍCULO 417.- Suspensión de la celebración. Si de las diligencias previas no
resulta probada la habilidad de los contrayentes, o se deduce oposición, el oficial
público debe suspender la celebración del matrimonio hasta que se pruebe la
habilidad o se rechace la oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe
dar copia certificada a los interesados, si la piden.
ARTÍCULO 418.-Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse
públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial
público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de ellos.
Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere
la presencia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El
número de testigos se eleva a CUATRO (4) si el matrimonio se celebra fuera de
esa oficina.
En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público da lectura al
artículo 431, recibe de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren
respectivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en
matrimonio en nombre de la ley.
La persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en
forma oral debe expresar su voluntad por escrito o por cualquier otra manera
inequívoca.
ARTÍCULO 419.- Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional,
deben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si no lo hay, por un
intérprete de reconocida idoneidad, dejándose debida constancia en la inscripción.
ARTÍCULO 420.- Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se
consigna en un acta que debe contener:
a) fecha del acto;
b) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado
civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los
comparecientes;
c) nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión,
y domicilio de sus respectivos padres, si son conocidos;
d) Lugar de celebración;
e) dispensa del juez cuando corresponda;
f) mención de si hubo oposición y de su rechazo;
g) declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial
público de que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley;
h) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado
de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto;
i) declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención
matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se
otorgó;
j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación
de bienes.
k) la documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente,
si el matrimonio es celebrado a distancia;
El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que
intervienen en el acto, o por otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo.
El oficial público debe entregar a los esposos, de modo gratuito, copia del
acta de matrimonio y de la libreta de familia expedida por el Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas.

SECCIÓN 2ª
Modalidad extraordinaria de celebración

ARTÍCULO 421.- Matrimonio en artículo de muerte. El oficial público puede
celebrar matrimonio con prescindencia de todas o de alguna de las formalidades
previstas en la sección anterior, cuando se justifica que alguno de los contrayentes
se encuentra en peligro de muerte, con el certificado de un médico y, donde no lo
hay, con la declaración de dos personas.
En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, el matrimonio en artículo de muerte
puede celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial, quien debe levantar
acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en el
artículo 420 con excepción del inciso f) y remitirla al oficial público para que la
protocolice.
ARTÍCULO 422.- Matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel en
el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, en el
lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar
matrimonios, según lo previsto en este Código en las normas de derecho
internacional privado.
CAPÍTULO 5
Prueba del matrimonio
ARTÍCULO 423.- Regla general. Excepciones. Posesión de estado. El
matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o
certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio
puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad.
La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer
el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las
formalidades prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la
existencia del matrimonio.
CAPÍTULO 6
Nulidad del matrimonio
ARTÍCULO 424.- Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el
matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos
a), b), c), d) y e) del artículo 403.
La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los
que podían oponerse a la celebración del matrimonio.
ARTÍCULO 425.- Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa:
a) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso f) del
artículo 403; la nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el
impedimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la
celebración del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír al adolescente, y
teniendo en cuenta su edad y grado de madurez hace lugar o no al pedido de
nulidad.
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera
celebrado con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad es inadmisible
después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal.
b) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso g) del
artículo 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si
desconocían el impedimento;
La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento
ha continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud; y en el caso
del cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento.
El plazo para interponer la demanda es de UN (1) año, que se computa,
para el que sufre el impedimento, desde que recuperó la salud mental, y para el
cónyuge sano desde que conoció el impedimento.
La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona
que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del
matrimonio. El plazo para interponer la demanda es de TRES (3) MESES desde la
celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges, y
evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que
ha celebrado y cuál es su deseo al respecto.
c) el matrimonio celebrado con alguno de los vicios de la voluntad a que se refiere
el artículo 409. La nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha
sufrido el vicio de error, dolo o violencia. La nulidad no puede ser solicitada si se
ha continuado la cohabitación por más de TREINTA (30) días de haber conocido
el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de
UN (1) año desde que cesa la cohabitación.
ARTÍCULO 426.- Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y la
buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por
terceros que de buena fe hayan contratado con los cónyuges.
ARTÍCULO 427.- Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe
consiste en la ignorancia o error de hecho excusables y contemporáneos a la
celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la
nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un
tercero.
ARTÍCULO 428.- Efectos de la buena fe de ambos cónyuges. Si el matrimonio
anulado ha sido contraído de buena fe por ambos cónyuges produce todos los
efectos del matrimonio válido hasta el día en que se declare su nulidad.
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal
supletorio.
Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno ellos en relación
con la posición del otro, se aplican los artículos 441 y 442; el plazo se computa a
partir de la sentencia que declaró la nulidad.
ARTÍCULO 429.- Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo
de los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del
matrimonio válido, pero sólo respecto al cónyuge de buena fe y hasta el día de la
sentencia que declare la nulidad.
La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a:
a) solicitar compensaciones económicas, en la extensión mencionada en los
artículos 441 y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que declaró la
nulidad;
b) revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe;
c) demandar por indemnización de daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a
los terceros que hayan provocado el error, incurrido en dolo, o ejercido la
violencia;
Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de comunidad,
pueden optar:
a) por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separación
de bienes;
b) por liquidar los bienes mediante la aplicación de las normas del régimen de
comunidad;
c) por exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge a efectos de dividir
los bienes en proporción a ellos como si se tratase de una sociedad de hecho.
ARTÍCULO 430. Efectos de la mala fe de ambos cónyuges. El matrimonio
anulado contraído de mala fe por ambos cónyuges no produce efecto alguno.
Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio de los
derechos de terceros.
Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los
aportes, como si fuese una sociedad de hecho.

CAPÍTULO 7
Derechos y deberes de los cónyuges
ARTÍCULO 431.- Asistencia. Los cónyuges se deben asistencia recíproca.
ARTÍCULO 432.- Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la
convivencia y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación
alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código, o por
convención de las partes.
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre
parientes en cuanto sean compatibles.
ARTÍCULO 433.- Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la
convivencia y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se
deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas:
a) el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y
sus edades;
b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges;
c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita
alimentos;
d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o
profesionales del otro cónyuge;
e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;
f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda.
En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u
otra persona;
g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial;
h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y
de la separación;
i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la
separación de hecho.
El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el
cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, o incurre en alguna de las
causales de indignidad.
ARTÍCULO 434.- Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones
alimentarias pueden ser fijadas aun después del divorcio:
a) a favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que le
impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se trasmite a sus
herederos.
b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable
de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos b), c) y e) del artículo anterior. La
obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el
matrimonio y no procede a favor del que recibe la prestación compensatoria del
artículo 441.
En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si:
desaparece la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio
o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las
causales de indignidad.
Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las
pautas convenidas.

CAPÍTULO 8
Disolución del matrimonio
SECCIÓN 1ª
Causales
ARTÍCULO 435.- Causas de disolución del matrimonio. El matrimonio se
disuelve por:
a) muerte de uno de los cónyuges;
b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;
c) divorcio declarado judicialmente.
SECCIÓN 2ª
Proceso de divorcio
ARTÍCULO 436.- Nulidad de la renuncia. Es nula la renuncia de cualquiera de
los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio; el pacto o cláusula que restrinja la
facultad de solicitarlo se tiene por no escrito.
ARTÍCULO 437.- Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a
petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.
ARTÍCULO 438.- Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de
divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados
de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.
Si el divorcio fuese peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede
ofrecer una propuesta reguladora distinta.
Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los
elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las
partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben
ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia.
En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la
sentencia de divorcio.
Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio
regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo
familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad
con el procedimiento previsto en la ley local.

SECCIÓN 3ª
Efectos del divorcio
ARTÍCULO 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador que
acompaña la petición de divorcio debe contener las cuestiones relativas a la
atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales
compensaciones económicas entre los cónyuges; al ejercicio de la responsabilidad
parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre que se den los
presupuestos fácticos contemplados en esta Sección, en consonancia con lo
establecido en este Título y en el Título VII de este Libro.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras
cuestiones de interés de los cónyuges.
ARTÍCULO 440.- Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez
puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito
para la aprobación del convenio.
El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la
situación se ha modificado sustancialmente.
ARTÍCULO 441.- Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio
produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su
situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene
derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en
una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente por plazo indeterminado.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de
cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.
ARTÍCULO 442.- Fijación judicial de la compensación económica. A falta de
acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la
procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas
circunstancias, entre otras:
a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de
la vida matrimonial;
b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de
los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;
c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que
solicita la compensación económica;
e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o
profesionales del otro cónyuge;
f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien
propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon
locativo.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los SEIS (6)
meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.
ARTÍCULO 443.- Atribución del uso de la vivienda familiar. Pautas. Uno de los
cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio
de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el
plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas,
entre otras:
a) la persona a quien se atribuyó la custodia de los hijos;
b) la persona que esté en situación económica más desventajosa para proveerse
de una vivienda por sus propios medios;
c) el estado de salud y edad de los cónyuges;
d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.
ARTÍCULO 444.- Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A
petición de parte interesada, el juez puede establecer:
a) que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea
partido ni liquidado; esta decisión produce efectos frente a terceros a partir de su
inscripción registral.
b) una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no
se atribuyó la vivienda.
ARTÍCULO 445.- Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar
cesa:
a) por cumplimiento del plazo fijado por el juez;
b) por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación;
c) por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria.

 

TÍTULO II
Del régimen patrimonial del matrimonio

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales

SECCIÓN 1ª

Convenciones matrimoniales
ARTÍCULO 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros
cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio;
b) la enunciación de las deudas;
c) las donaciones que se hagan entre ellos;
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en
este Código.
ARTÍCULO 447.- Invalidez de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros
cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es de ningún valor.
ARTÍCULO 448.- Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por
escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a
partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser
modificadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por
escritura pública. Para que la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos
respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
ARTÍCULO 449.- Modificación de régimen. Después de la celebración del
matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los
cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de UN (1) año de
aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura
pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros,
debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por
tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de UN (1) año a
contar desde que lo conocieron.
ARTÍCULO 450.- Personas menores de edad. Las personas menores de edad
autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la
convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 446 inciso d).

SECCIÓN 2ª
Donaciones por razón de matrimonio
ARTÍCULO 451.- Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones
matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas al contrato de
donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra.
ARTÍCULO 452.- Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno
de los novios, o a ambos, o por uno de los novios al otro, en consideración al
matrimonio futuro, llevan implícita la condición de que se celebre matrimonio
válido.
ARTÍCULO 453.- Promesa de donación. La promesa de donación hecha por
terceros a uno de los novios, o a ambos, sólo puede ser probada por escritura
pública. Es irrevocable, pero queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el
plazo de UN (1) año. Se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra.

SECCIÓN 3ª
Disposiciones comunes a todos los regímenes
ARTÍCULO 454.- Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de esta Sección
se aplican, cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra
cosa en las normas referentes a un régimen específico.
Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al
matrimonio, excepto disposición expresa en contrario.
ARTÍCULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su
propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus
recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos incapaces o
con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser
demandado judicialmente por el otro para que lo haga.
ARTÍCULO 456.- Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges
puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda
familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella.
El que no ha dado su asentimiento puede demandar la anulación del acto o la
restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses de
haberlo conocido, pero no más allá de SEIS (6) meses de la extinción del régimen
matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después
de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges
conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
ARTÍCULO 457.- Requisitos del asentimiento. En todos los casos en que se
requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico,
aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos.
ARTÍCULO 458.- Autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser
autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro, si
éste está ausente, es persona incapaz o con capacidad restringida, está transitoriamente
impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por
el interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al
cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna
obligación personal a su cargo.
ARTÍCULO 459.- Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar
poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen
matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los
casos en que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede
ser objeto de limitaciones.
Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir
cuentas de los frutos y rentas percibidos.
ARTÍCULO 460.- Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente
o impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro puede ser
judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos
actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen
matrimonial, en la extensión fijada por el juez.
A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los actos otorgados
por uno en representación del otro se les aplican las normas del mandato tácito o
de la gestión de negocios, según sea el caso.
ARTÍCULO 461.- Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente
por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las
necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos
comunes.
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen
matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.
ARTÍCULO 462.- Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y
disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce
individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena
fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de
los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo
o profesión.
En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la anulación dentro el
plazo de caducidad de SEIS (6) meses de haber conocido el acto y no más allá de
SEIS (6) meses de la extinción del régimen matrimonial.

CAPÍTULO 2
Régimen de comunidad

SECCIÓN 1ª
Disposiciones generales

ARTÍCULO 463.- Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención
matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio
al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este Capítulo. No puede
estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de
cambio de régimen matrimonial previsto en el artículo 449.

SECCIÓN 2ª
Bienes de los cónyuges
ARTÍCULO 464.- Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los
cónyuges:
a) los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la
posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad;
b) los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque
sea conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad
por los cargos soportados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan
propios por mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes
determinadas.
No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias,
excepto que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes
de la iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de
una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa
al donatario por el exceso;
c) los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero
propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de
la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien
es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario;
d) los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los
cónyuges a otro bien propio;
e) los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y
minas;
f) las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del
ganado originario, las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge
propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado;
g) los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho
de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación;
h) los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad
relativa, confirmado durante ella;
i) los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
j) los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa
debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas
con dinero de ella;
k) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era
propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la
adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros
acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa
debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta para la
adquisición;
l) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del
comienzo de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, así como la de
los bienes gravados con otros derechos reales que se extinguen durante la
comunidad, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o
los otros derechos reales se emplean bienes gananciales;
m) las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de
la recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con
bienes de ésta; y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin
perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si fueron adquiridos con bienes
gananciales;
n) las indemnizaciones por daño moral y por daño físico causado a la persona del
cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido
gananciales;
ñ) el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del
carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general,
todos los derechos inherentes a la persona;
o) la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada
o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el
invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del
comienzo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor.
ARTÍCULO 465.- Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a) los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la
comunidad por uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que
no estén incluidos en la enunciación del artículo anterior;
b) los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego,
apuestas, o hallazgo de tesoro;
c) los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales,
devengados durante la comunidad;
d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro
cónyuge, devengados durante la comunidad;
e) lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de
usufructo de carácter propio;
f) los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del
producto de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida
al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio propio.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo
bien es propio, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad;
g) los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial;
h) los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias,
extraídos durante la comunidad;
i) las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los
animales que faltan por cualquier causa y las crías de los ganados propios que
excedan el plantel original;
j) los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de
incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella;
k) los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto
viciado de nulidad relativa, confirmado después de la disolución de aquélla;
l) los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge
por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un acto jurídico;
m) los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la
recompensa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas
con sus bienes propios;
n) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era
propietario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la
comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse
invertido bienes propios de éste para la adquisición;
ñ) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso
durante la comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así
como la de los bienes gravados con derechos reales que se extinguen después de
aquélla, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los
otros derechos reales se emplean bienes propios.
No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro
cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este
caso, de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero
de ésta.
ARTÍCULO 466.- Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto
prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento
de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del
carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes
registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes
propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa
circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En
caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una
declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota
marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente
también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la
constancia en el acto de adquisición.

SECCIÓN 3ª
Deudas de los cónyuges
ARTÍCULO 467.- Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a
sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales
responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes
gananciales.
ARTÍCULO 468.- Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada
con fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad; y ésta debe
recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad.
SECCIÓN 4ª
Gestión de los bienes en la comunidad
ARTÍCULO 469.- Bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre
administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el
artículo 456.
ARTÍCULO 470.- Bienes gananciales. La administración y disposición de los
bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:
a) los bienes registrables;
b) las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de
las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo
1824.
c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;
d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.
También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos
en los incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a
459.
ARTÍCULO 471.- Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y
disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde
en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente
a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto
puede requerir que se lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458.
A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los DOS (2) artículos
anteriores.
A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en
este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el
juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar.
ARTÍCULO 472.- Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos
cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos
puede justificar la propiedad exclusiva.
ARTÍCULO 473.- Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por
uno de ellos dentro de los límites de sus facultades pero con el propósito de
defraudarlo.
ARTÍCULO 474.- Administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyuges
administra los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del
mandato o de la gestión de negocios, según sea el caso.

SECCIÓN 5ª
Extinción de la comunidad
ARTÍCULO 475.- Causas. La comunidad se extingue por:
a) la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges;
b) la anulación del matrimonio putativo;
c) el divorcio;
d) la separación judicial de bienes;
e) la modificación del régimen matrimonial convenido.
ARTÍCULO 476.- Muerte real y presunta. En caso de muerte de uno de los
cónyuges, la comunidad se extingue el día del fallecimiento, sin que se pueda
convenir la continuación de la comunidad. En el supuesto de presunción de
fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento.
ARTÍCULO 477.- Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes
puede ser solicitada por uno de los cónyuges:
a) si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual
derecho sobre los bienes gananciales;
b) si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge;
c) si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d) si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designa curador del
otro a un tercero.
ARTÍCULO 478.- Exclusión de la subrogación. La acción de separación de
bienes no puede ser promovida por los acreedores del cónyuge por vía de
subrogación.
ARTÍCULO 479.- Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de
bienes se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 483.
ARTÍCULO 480.- Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el
divorcio vincular o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad
con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición
conjunta de los cónyuges.
Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del
matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa
separación.
El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la
existencia de fraude o abuso del derecho.
En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros de buena
fe que no sean adquirentes a título gratuito.
En el caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan
sometidos al régimen establecido en los artículos 505, 506, 507 y 508.

SECCIÓN 6ª
Indivisión postcomunitaria
ARTÍCULO 481.- Reglas aplicables. Extinguido el régimen por muerte de uno de
los cónyuges, o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión
postcomunitaria se aplican las reglas de la indivisión hereditaria.
Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los
artículos siguientes de esta Sección.
ARTÍCULO 482.- Reglas de administración. Si durante la indivisión
postcomunitaria los ex cónyuges no acuerdan las reglas de administración y
disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de
comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta sección.
Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con
antelación razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la
administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular
oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos.
ARTÍCULO 483.- Medidas protectorias. En caso de que se vean afectados sus
intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que prevean los
procedimientos locales, las siguientes:
a) la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el
consentimiento del otro, si la negativa es injustificada;
b) su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su
desempeño será regido por las facultades y obligaciones de la administración de
la herencia.
ARTÍCULO 484.- Uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y
disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino, en la medida compatible
con el derecho del otro.
Si no hubiere acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez.
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad
distinta a la convenida, solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la
oposición fehaciente, y en beneficio del oponente.
ARTÍCULO 485.- Frutos y rentas. Los frutos y rentas de los bienes indivisos
acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe rendición de cuentas,
y el que tiene el uso o goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una
compensación a la masa desde que el otro la solicita.
ARTÍCULO 486.- Pasivo. En las relaciones con terceros acreedores, durante la
indivisión postcomunitaria se aplican las normas de los artículos 461 y 462, sin
perjuicio del derecho de éstos de subrogarse en los derechos de su deudor para
solicitar la partición de la masa común.
ARTÍCULO 487.- Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no
puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad
del patrimonio de su deudor.

SECCIÓN 7ª
Liquidación de la comunidad
ARTÍCULO 488.- Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su
liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad
debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según las reglas de
los artículos siguientes.
ARTÍCULO 489.- Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad:
a) las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el artículo
siguiente;
b) el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y
los alimentos que cada uno está obligado a dar;
c) las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aun la de
bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación;
d) los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
ARTÍCULO 490.- Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los
cónyuges:
a) las contraídas antes del comienzo de la comunidad;
b) las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los
cónyuges;
c) las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios;
d) las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges
a un tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial;
e) las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales.
ARTÍCULO 491.- Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al
cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a
la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios
a título oneroso sin reinvertir su precio se presume, excepto prueba en contrario,
que lo percibido ha beneficiado a la comunidad.
Si la participación en una sociedad comercial de carácter propio de uno de
los cónyuges ha adquirido un mayor valor a causa de la capitalización de
utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la
comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio.
ARTÍCULO 492.- Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien
la invoca, y puede ser hecha por cualquier medio probatorio.
ARTÍCULO 493.- Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los
valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o
para la comunidad, al día de su extinción, apreciados en valores constantes. Si de
la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquélla.
ARTÍCULO 494.- Valuación de las recompensas. Los bienes que originan
recompensas se valúan según su estado al día de la disolución del régimen y
según su valor al tiempo de la liquidación.
ARTÍCULO 495.- Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas
adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta a aquél, el
saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común, y el saldo en
favor del cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un
crédito a un cónyuge contra el otro.

SECCIÓN 8ª
Partición de la comunidad
ARTÍCULO 496.- Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede
ser solicitada en todo tiempo, excepto disposición legal en contrario.
ARTÍCULO 497.- Masa partible. La masa común se integra con la suma de los
activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge.
ARTÍCULO 498.- División. La masa común se divide por partes iguales entre los
cónyuges, o sus herederos, sin consideración al monto de los bienes propios ni a
la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales.
ARTÍCULO 499.- Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la
atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o
artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del
establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado
que constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo
de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en ésta, con cargo
de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta
de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías
suficientes.
ARTÍCULO 500.- Forma de la partición. El inventario y división de los bienes se
hacen en la forma prescripta para la partición de las herencias.
ARTÍCULO 501.- Gastos. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de los
bienes de la comunidad están a cargo de los cónyuges, o del supérstite y los
herederos del premuerto, a prorrata de su participación en los bienes.
ARTÍCULO 502.- Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores.
Después de la partición, cada uno de los cónyuges responde frente a sus
acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes propios y la
porción que se le adjudicó de los gananciales.
ARTÍCULO 503.- Liquidación de dos o más comunidades. Cuando se ejecute
simultáneamente la liquidación de DOS (2) o más comunidades contraídas por
una misma persona, se admite toda clase de pruebas, a falta de inventarios, para
determinar la participación de cada una. En caso de duda, los bienes se atribuyen
a cada una de las comunidades en proporción al tiempo de su duración.
ARTÍCULO 504.- Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge,
el primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su
matrimonio, y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada por él y el
bígamo hasta la notificación de la demanda de anulación.

CAPÍTULO 3
Régimen de separación de bienes
ARTÍCULO 505.- Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes,
cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus
bienes personales, excepto lo dispuesto artículo 456.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo
dispuesto en artículo 455.
ARTÍCULO 506.- Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como
de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de
un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no
se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre
ellos, el juez puede negarla si afecta el interés familiar.
ARTÍCULO 507.- Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la
disolución del matrimonio y por la modificación del régimen convenido entre los
cónyuges.
ARTÍCULO 508.- Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de
acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de
los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias.

 

TÍTULO III
Uniones convivenciales

CAPÍTULO 1
Constitución y prueba

ARTÍCULO 509.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Título se
aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública,
notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de
vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
ARTÍCULO 510.- Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos
por este título a las uniones convivenciales requiere que:
a) los dos integrantes sean mayores de edad;
b) no esten unidos por vinculos de parentesco en linea recta en todos los
grados, ni colateral hasta el segundo grado.
c) no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta.
d) no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de
manera simultánea;
e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a DOS (2) años.
ARTÍCULO 511.- Registración. La existencia de la unión convivencial, su
extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se
inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines
probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa
cancelación de la preexistente.
ARTÍCULO 512.- Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede
acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones
convivenciales es prueba suficiente de su existencia.

CAPÍTULO 2
Pactos de convivencia
ARTÍCULO 513.- Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las
disposiciones de este título son aplicables excepto pacto en contrario de los
convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo
dispuesto en los artículos 519, 521 y 522.
ARTÍCULO 514.- Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de
convivencia pueden regular, entre otras cuestiones:
a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura;
c) la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de
la convivencia.
ARTÍCULO 515.- Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al
orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los
derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial.
ARTÍCULO 516.-. Modificación, rescisión y extinción. Los pactos pueden ser
modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes.
El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el
futuro.
ARTÍCULO 517.- Momentos a partir de los cuales se producen efectos
respecto de los terceros. Los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a
los terceros desde su inscripción en el registro previsto en el artículo 511 y en los
registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos.
Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros
desde que se inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la
ruptura.

CAPÍTULO 3
Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia
ARTÍCULO 518.- Relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los
integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia.
A falta de pacto, cada integrante de la pareja ejerce libremente las
facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la
restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los
muebles indispensables que se encuentren en ella.
ARTÍCULO 519.- Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la
convivencia.
ARTÍCULO 520.- Contribución a los gastos del hogar. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el pacto de convivencia, los convivientes tienen obligación de
contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo
455.
ARTÍCULO 521.- Responsabilidad por las deudas frente a terceros. Los
convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos
hubiera contraído con terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 461.
ARTÍCULO 522.- Protección de la vivienda familiar. Ninguno de los convivientes
puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda
familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la
vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si fuera prescindible y el
interés familiar no resulta comprometido.
Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar
la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses de haberlo
conocido, y siempre que continuase la convivencia.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después
del inicio de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos
convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro.

CAPÍTULO 4
Cese de la convivencia. Efectos
ARTÍCULO 523.- Causas del cese de la unión convivencial. La unión
convivencial cesa:
a) por la muerte de uno de los convivientes;
b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de
los convivientes;
c) por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;
d) por el matrimonio de los convivientes;
e) por mutuo acuerdo;
f) por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente
al otro;
g) por el cese durante un período superior a UN (1) año de la convivencia
mantenida. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a
motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida
en común.
ARTÍCULO 524.- Compensación económica. Cesada la convivencia, el
conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento
de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura,
tiene derecho a una compensación. Ésta puede consistir en una prestación única
o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración
de la unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de
cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez.
ARTÍCULO 525.- Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad.
El juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre
la base de diversas circunstancias, entre otras:
a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización
de la unión;
b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación
de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese;
c) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos;
d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente
que solicita la compensación económica;
e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o
profesionales del otro conviviente;
f) la atribución de la vivienda familiar.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los SEIS (6)
meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la
convivencia enumeradas en artículo 523.
ARTÍCULO 526.- Atribución de la vivienda. El uso del inmueble que fue sede de
la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los
siguientes supuestos:
a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad o con discapacidad;
b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de
procurársela en forma inmediata.
El juez debe fijar el plazo de la atribución. El plazo no puede ser mayor al
que hubiera durado la convivencia, con un máximo de DOS (2) años a contar
desde que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el
artículo 523.
La atribución del uso del inmueble implica su indisponibilidad durante el
plazo en que ha sido conferida. La decisión judicial produce efectos frente a
terceros a partir de su inscripción registral.
Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene
derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato,
manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se
constituyeron en el contrato.
ARTÍCULO 527.- Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los
convivientes. El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o
de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar el derecho
real de habitación gratuito por un plazo máximo de DOS (2) años sobre el
inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a
la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
Se extingue si el conviviente superstite constituye una nueva union
convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o
bienes suficientes para acceder a esta.
ARTÍCULO 528.- Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes
adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron,
sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al
enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan
corresponder.


 

 

 

 

 

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